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lunes, 4 de abril de 2011

Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard (CDI-Harvard)



Situación fiscal de República Dominicana, propuestas para elevar las recaudaciones tributarias

En términos de política fiscal es importante señalar que en años recientes ésta ha sido altamente procíclica, siendo expansiva en períodos de alto crecimiento económico y contractiva o neutral en períodos de recesión. 


Esto agrava la volatilidad del producto y del tipo de cambio real. Para evitar esto, es importante estabilizar el gasto como porcentaje del PIB tendencial, pues esto conllevaría a que, para un esquema tributario dado, el gobierno tenga superávits en tiempos de auge que compensen los déficits generados en años de desaceleración económica.


Una forma de implementar una política fiscal anticíclica es mediante el establecimiento de una regla fiscal en la cual el gasto del próximo año crezca al ritmo del crecimiento esperado del PIB tendencial más la inflación esperada. Para que este esquema sea creíble y no sea desvirtuado manipulando las proyecciones del crecimiento o de la inflación con fines fiscalistas, algunos países como Chile han optado por crear comités independientes encargados de realizar dichas proyecciones. 


Una forma de implementar esta idea en República Dominicana es mediante la creación de un comité de expertos que se reúna bianualmente para tomar nota de la situación económica, actualizar las proyecciones y verificar el cumplimiento de la regla fiscal. Es importante que dicho comité incluya expertos que gocen de la confianza de cada partido político, así como representantes de organismos financieros internacionales y expertos independientes, de manera que haya un balance adecuado entre los intereses de corto y largo plazo.


En otro orden, diversos programas que requiere la implementación de la END (Estrategia Nacional de Desarrollo) significarían un importante aumento en el gasto público, un elemento difícil dado el contexto actual de las recaudaciones fiscales, puesto que República Dominicana es uno de los países con menor presión tributaria en América Latina, concomitantemente con un presupuesto preasignado por ley a distintas instituciones (municipios, Poder Legislativo, Poder Judicial, Cámara de Cuentas, entre otros) y los compromisos de transferencias de recursos del gobierno al Banco Central en el marco de la ley 167-07 para cubrir el déficit cuasi fiscal. En definitiva, los requisitos de gastos públicos están por encima de los niveles actuales de recaudación tributaria. 


La República Dominicana tiene en la actualidad una presión tributaria de 13.1%, la tercera más baja en América Latina, una región de por sí con baja presión tributaria, entre otras cosas, por los altos niveles de informalidad en la economía.


Las diferencias en la presión tributaria (entre los países de América Latina y el Caribe) se deben a distintos niveles de ingresos tributarios como porcentaje del PIB o por diferentes niveles de contribuciones a la seguridad social. Argentina, por ejemplo, tiene muy bajos ingresos tributarios pero impone altos niveles de contribuciones a la seguridad social.


En el caso de la República Dominicana, los ingresos tributarios como porcentaje del PIB alcanzan 13.1%, cercano a la mediana en América Latina de 13.4%, un nivel no bajo tomando en cuenta que muchos países con altos ingresos tributarios obtienen dichos recursos de la exportación de materias primas (cobre en el caso de Chile, petróleo en Venezuela, gas y minerales en Bolivia).


Son justamente las contribuciones a la seguridad social como porcentaje del PIB lo que explica gran parte de la diferencia entre la presión tributaria de la República Dominicana y demás países de la región, pues en este renglón el país muestra los menores niveles de recaudación de toda América Latina.


En el caso de impuestos tributarios, debe tomarse en cuenta que las tasas de impuestos en el país son muy similares a las de otras economías de la región, sin embargo tanto el impuesto al valor agregado (llamado ITBIS en la República Dominicana) como el impuesto sobre la renta recaudan menos que países con tasas similares o menores.


En el caso del ITBIS, la recaudación en el país es una de las más bajas de la región, muy por debajo de otros países centroamericanos con tasas menores. 


Por su parte, el impuesto sobre la renta a empresas llama aún más la atención, siendo el segundo de menor recaudación en un grupo de 9 países latinoamericanos para los que se dispone de información, sólo por encima de Honduras, muy por debajo de países con tasas menores.


En el caso del impuesto sobre la renta a personas físicas es distinto, pues la recaudación está por encima de países como Bolivia, Panamá y México, pero aún por debajo de países con tasas similares o menores como Perú y Uruguay. 


Lo mostrado anteriormente implica que la baja recaudación en el país no se debe a bajas tasas de impuestos, sino a altas exenciones o a evasión fiscal. En el caso de exenciones fiscales, debe aclararse que los bajos niveles de recaudación no han sido provocados por los programas de incentivos fiscales a sectores productivos, ya que el gasto tributario (impuestos no recaudados) de Zonas Francas, Turismo e Industrias Manufactureras en el 2011 se proyecta inferior al 0.35% del PIB (zonas francas 0.20%, Proindustria 0.09%, turismo 0.06%), según estimaciones de la Comisión Interinstitucional.


Llama la atención que siendo el Impuesto sobre la Renta a las empresas el que recauda menos en comparación regional, su baja recaudación no se deba a exenciones, por lo que parece ser que los niveles de elusión y evasión fiscal en este renglón son particularmente altos. 


En cuanto a las exenciones en la canasta de consumo, es cierto que en el país gran parte de la canasta de consumo está desgravada, sobre todo alimentos y transporte, lo cual implica un gasto tributario estimado de 3.22% del PIB (alimentos 1.32%, transporte 0.62%, vivienda 0.59%, salud 0.27%, importaciones 0.20%, servicios 0.12%, educación 0.05%,  y actividades culturales 0.05%). 


En lo relativo a otros impuestos, tales como impuestos a la propiedad, impuestos al comercio internacional y los impuestos selectivos al consumo, la República Dominicana es uno de los países de América Latina con mayores niveles de recaudación en estos renglones.


Por tanto, toda reforma en materia fiscal debe procurar elevar la recaudación sin disminuir el perfil competitivo del país en materia impositiva, mucha de las cuales provendrán de medidas administrativas que reduzcan la elusión y evasión fiscal, así como revisión de las partidas exentas de impuestos.


En cuanto a evasión del IVA, el país se ubica en una posición intermedia en la región, lo que indica que aún hay mucho espacio para reducir los niveles de evasión. Al respecto, el país ha ido avanzando en la reducción de la evasión fiscal, especialmente en el ITBIS, con una serie de programas como la implementación del “Número de Comprobante Fiscal”  y las “Impresoras Fiscales”, lo cual ha permitido reducir la evasión del ITBIS de un 44% registrado en 2004 hasta menos de 24% en el 2010, según informaciones de la Dirección General de Impuestos Internos.


Por ende, más intervenciones como éstas deben ponerse en práctica en el país para que siga disminuyendo la evasión y se pueda mejorar los ingresos del gobierno.


De todas formas, los pagos de las empresas Barrick Gold y Falconbridge al fisco dominicano una vez inicien/reinicien sus operaciones extractivas contribuirán a aumentar ligeramente los ingresos fiscales.


Según informaciones suministradas por el Ministerio de Hacienda, los ingresos al Estado por el proyecto de la Barrick Gold (Impuestos sobre la Renta, royalties y otros ingresos) estarían en el rango de 0.5%-0.2% del PIB en la mayor parte del período del proyecto (2012-2037). Por su parte, se espera que los ingresos por la Falconbridge para el 2011 ronden los 0.03% del PIB. 


Por otra parte, el gasto público en subsidios generalizados tales como el subsidio eléctrico conlleva grandes sacrificios a las finanzas públicas sin que su ejecución contribuya a mejorar la productividad de los sectores económicos y, por ende, su capacidad de generación de empleos e innovación productiva. 


Por tanto, refocalizar el gasto es una necesidad imperante para poder ejecutar los programas de la END. Sin embargo, reenfocar el gasto no debe incluir disminución de las transferencias al Banco Central que dejen desfinanciado el déficit cuasi fiscal pues esto no reduciría el déficit pero obligaría a monetizarlo, causando una pérdida de confianza en la política macroeconómica.


Tampoco sería conveniente eliminar las transferencias asignadas por ley a ciertas instituciones (Poder Legislativo, Poder Judicial, oficinas de recaudación tributaria) ya que éstas representan condiciones necesarias para mejorar el funcionamiento y la autonomía de los poderes públicos. La redistribución del gasto debe provenir de las mejoras en la productividad del empleo público, la reducción de gastos innecesarios y una mejor focalización de la política de subsidios. 


En resumen, en el futuro, República Dominicana debe tener un sistema tributario que garantice niveles de recaudación consistentes con los requerimientos de la END, así como un régimen de incentivos a la actividad productiva que sea consistente con los diversos tratados comerciales internacionales a los que el país pertenece”.


http://elcaribe.com.do/site/nacionales/272685-harvard-y-la-presion-tributaria.html

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